ONU pide a Paraguay investigar la posibilidad de que Lichita “pueda encontrarse bajo custodia de fuerzas de seguridad del Estado”.
El 22 de junio pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas envió al Estado paraguayo una serie de cuestionamientos y recomendaciones en relación a la Acción Urgente N° 1006 que esta instancia tramita desde el 2021 por la desaparición forzada de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba. El organismo pide una investigación imparcial, enfatiza sobre las sospechas de una desaparición forzada y pide transparencia y participación de organismos de DDHH en las tareas de búsqueda, así como garantías para la participación de sus familiares.
En una misiva enviada la representación legal de Carmen Villalba, el organismo informó que Naciones Unidas resolvió mantener abierta la Acción Urgente y envió una nueva comunicación al Estado paraguayo en la que manifiesta que El Comité contra la Desaparición Forzada continúa “altamente preocupado porque la suerte y el paradero de Carmen Elizabeth todavía no han sido esclarecidos tras un año y medio desde su desaparición”.
En relación a las supuestas tareas de búsqueda de Lichita que el Estado paraguayo dice realizar de manera “exhaustiva con carácter permanente, y con un abordaje integral que involucra, además de la propia Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a diversas dependencias del Estado, bajo dirección y autorización de los órganos jurisdiccionales respectivos, todos los días y empleando a varios equipos de la FTC dedicados a la misión específica de búsqueda registradas en diversas plataformas electrónicas totalmente auditables”, Naciones Unidas señala su preocupación por el hecho de que “la autoridad que podría ser responsable de la alegada desaparición forzada de Carmen Elizabeth, sea la entidad principal designada para la búsqueda de la menor”.
El enfoque de Desaparición Forzada
El organismo de Naciones Unidas cuestiona de manera específica el enfoque dado por el Ministerio Público a la investigación del caso, y se manifestó “especialmente preocupado por el hecho de que el Estado no estaría tratando el caso como una posible desaparición forzada, lo cual se refleja en la naturaleza y los avances de la investigación penal”.
Resaltan con especial preocupación el hecho de que en relación al caso, la fiscalía haya iniciado la investigación y causa penal N° 589/20 (“Myriam Viviana Villalba Ayala s/ violación del deber de cuidado y educación”). “La investigación sobre la supuesta violación del deber de cuidado podría dar la impresión de que la responsabilidad principal por la alegada desaparición forzada no sería atribuible al Estado, sino a la Sra. Villalba Ayala”, señala la nota.
En este sentido, NNUU pidió al Estado paraguayo establecer, de inmediato, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición forzada, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición forzada.
El Comité contra la Desaparición Forzada hace hincapié en la necesidad de “asegurar que los procesos de búsqueda e investigación tomen en cuenta todas las hipótesis posibles, incluida la posibilidad que la Sra. Carmen Elizabeth pueda encontrarse bajo custodia de fuerzas de seguridad del Estado”.
Obstáculos a la observación internacional y a la participación de la familia
El organismo de Naciones Unidas cuestionó los obstáculos presentados por el Estado paraguayo a las tareas de búsqueda realizadas por familiares, organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Desde la Campaña Internacional ¿Dónde Está Lichita?, se ha denunciado en numerosas ocasiones las amenazas de judicialización, operaciones de Fake News, acoso en cárceles y hostigamiento del que han sido objeto familiares de Lichita y activistas de la Campaña desde el inicio mismo de las denuncias sobre la desaparición forzada. El episodio más notorio de esta acción deliberada de ocultamiento emprendida por el Estado paraguayo, más no el único, fue la expulsión ilegal de integrantes de la IV Misión Humanitaria de la Campaña Internacional por Lichita, producida el 24 de julio de 2021.
La Campaña internacional ha hecho pública dos denuncias por graves hechos de amedrentamiento y tortura cometidos por la FTC contra referentes indígenas que habitan la zona del Cerro Guasu y son parte de comunidades que se reunieron con representantes de las distintas Misiones de Derechos Humanos que se acercaron a la zona donde se produjo la desaparición forzada de Lichita. La última denuncia fue presentada formalmente el pasado 14 de junio ante la Unidad Especializada en DDHH del Ministerio Público, sin que a la fecha se haya notificado sobre la apertura de una investigación sobre estos gravísimos hechos.
Ante esto, el organismo de Naciones Unidas señaló que “según la información recibida, preocupa al Comité que las autoridades no estarían facilitando las labores de búsqueda de los familiares y otras personas y grupos de la sociedad civil. En este sentido, preocupa la información recibida por el Comité sobre la supuesta obstaculización de las laboras de una misión humanitaria de búsqueda (“Misión Humanitaria Internacional”) compuesta por integrantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Matanza, Argentina”.
El Comité agrega que “según la información recibida, la Misión habría sido expulsada del país por una alegada falta de coordinación previa para el ingreso en la zona donde desapareció la víctima, aunque previamente integrantes de dicha Misión habrían tenido contacto con varios funcionarios y entidades del Estado parte para coordinar la búsqueda, incluido el Vice Ministro del Interior, la Directora General de Migraciones Paraguay, el Comandante de la Policía Nacional y la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, entre otros”. En este apartado, el Comité de Naciones señala además que las autoridades paraguayas “no estarían cumpliendo con su deber informar a los familiares sobre el desarrollo de la investigación y la búsqueda”.
También exhortan al Estado paraguayo a “facilitar la participación de diferentes autoridades en la investigación y búsqueda, incluidas las instituciones de defensa de los Derechos Humanos” y a “asegurar la máxima transparencia relacionada con la búsqueda e investigación de la alegada desaparición forzada de Carmen Elizabeth, dado el carácter emblemático del caso, incluyendo la confirmación pública que el caso está se está tratando como una posible desaparición forzada, en aras de contribuir a las garantías de no repetición.
Identificar a los responsables de la desaparición forzada
Para el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de personas, es “profundamente preocupante” que, hasta la fecha, el Estado paraguayo no haya proveído de información suficiente sobre las medidas adoptadas para “investigar y determinar la responsabilidad de los perpetradores de la alegada desaparición forzada de Carmen Elizabeth”.
“En particular, preocupa que la posible participación en los hechos de la FTC no estaría siendo investigada de manera adecuada a pesar del hecho que la desaparición ocurrió en una zona bajo el control de la autoridad a pocos días del desarrollo de un operativo”, señala la comunicación de NNUU al Estado paraguayo.
El Comité pide a las autoridades paraguayas proporcionar información sobre la naturaleza de la investigación, las diferentes hipótesis, y sugiere la realización de diligencias tales como entrevistas y testimonios de elementos de la FTC, el análisis de los turnos de los elementos activos durante el periodo en que se produjo la desaparición de Lichita, un escrutinio de las bitácoras oficiales, las comunicaciones internas, videograbaciones, y otros elementos relevantes.
Exhortan además a investigar y sancionar “cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda de Carmen Elizabeth”.
Garantizar la transparencia y participación de familiares
En el tercer apartado de la comunicación, el Comité de NNUU pide a las autoridades paraguayas “tomar todas las medidas que sean necesarias para implementar mecanismos oficiales y claros a través de los cuales se informe periódicamente a los familiares, allegados y representantes de Carmen Elizabeth sobre el estado de la búsqueda y la investigación de su alegada desaparición forzada”.
El organismo recalca la necesidad de “permitir la plena participación de los familiares de Carmen Elizabeth en los procesos de búsqueda e investigación de su alegada desaparición forzada, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso, de conformidad con sus obligaciones convencionales en virtud del artículo 24 de la Convención y a la luz del Principio 5 de los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”.
Por último, en el texto remitido al Estado paraguayo, Naciones Unidad pide la adopción de medidas cautelares específicas para la protección de familiares y abogados involucrados en la defensa y búsqueda de Lichita.
Paraguay deberá responder a cada uno de los requerimientos del organismo de Naciones Unidas antes del próximo 22 de julio de 2022.
